El Grupo Parlamentario del PRD en
el Senado de la República solicitó que esta cámara legislativa exprese una condena enérgica por las agresiones de que
fueron objeto el día de ayer los legisladores Carlos Sotelo García, Leonel
Godoy Rangel, Rubén Velázquez López y José Luis García Zalvidea, cuando
acudieron al Centro de Reinserción Social El Amate, en Cintalapa, Chiapas,
donde visitaron al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
El senador José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre de la bancada del
PRD, presentó un punto de acuerdo para que el Senado condene los hechos y
exhorte al gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, para que
ordene una investigación inmediata sobre estos hechos e inicie los
procedimientos necesarios para sancionar a los responsables.
No obstante que este punto de acuerdo fue retirado, por acuerdo de la Mesa
Directiva y a petición del senador García Zalvidea, el vicepresidente Silvano
Aureoles Conejo, a nombre del Senado de la República, expresó un “enérgico
rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad física de las
ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores de la República, asimismo expresó
que la Mesa Directiva “estará atenta al desarrollo de las investigaciones
correspondientes relacionadas con este hecho lamentable”.
El día de ayer, los senadores Carlos Sotelo García, vicecoordinador
parlamentario; Leonel Godoy Rangel, José Luis García Zalvidea y Rubén Velázquez
López acudieron al penal El Amate, en Chiapas, donde se encuentra recluido el
ex gobernador de la entidad, Pablo Salazar, con el objetivo de verificar las
condiciones en que se encuentra y dialogar sobre su proceso judicial.
García Zalvidea señaló que la visita de la comisión de senadores y de dos visitadores
generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Pablo Salazar fue
autorizada por las autoridades penitenciarias del estado de Chipas; sin
embargo, “al llegar al centro de reclusión, ante la pasividad de los elementos de
seguridad, de manera violenta, una turba (de manifestantes) trato de impedir el
acceso” de la comitiva al penal.
“El vehículo en que se trasladaba la delegación de senadores fue rodeado y
mantenido retenido durante más de una hora por las agresiones de la multitud,
que incluso trataron de volcarlo (…) Los agresores no procedieron de manera
espontánea, estaban perfectamente dirigidos por instigadores profesionales, que
actuaron a ciencia y paciencia de las fuerzas de seguridad de pública del
estado de Chiapas”, indicó.
García Zalvidea dijo que ante la gravedad de la situación, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Secretaría de Seguridad Pública
federal y al gobernador de Chiapas, medidas cautelares para el grupo de
senadores de la República y solicitaron que se designara personal para
salvaguardar la integridad y protección de los legisladores durante su presencia
en la entidad.
Indicó que entre los provocadores, fue posible identificar a Florencio
Madariaga de la Cruz, actual funcionario de la Procuraduría General de Justicia
del estado Chiapas, adscrito al Fiscal de Asuntos Relevantes, Adulfo Chacón,
encargado de integrar diversas denuncias en contra de Pabla Salazar. Asimismo,
a Andrés Álvarez Rodríguez, líder de la denominada Unión de Comunidades
Productivas La Casita, de reconocida cercanía política al actual gobernador.
Señaló que esta visita a Pablo Salazar Mendiguchía fue en cumplimiento de
sus funciones, en respuesta a un acuerdo del Grupo Parlamentario del PRD, por
lo que las agresiones “no sólo pueden considerarse en contra de sus personas,
sino en contra de la investidura de integrantes de un Poder de la Unión”.
“No queremos pronunciarnos sobre la culpabilidad o
inocencia en relación a los delitos que se le imputan al señor Salazar, ésa es
tarea de los jueces, tampoco haremos en relación a que el señor Salazar sea o
no un preso político (…) Por otro lado, queremos denunciar las condiciones
terribles al interior del Centro de Reclusión de El Amate, hay una
recomendación de la CNDH al respecto, en temas de salud y alimentación”,
expresó.
El legislador perredista también denunció la
irresponsabilidad de las autoridades carcelarias, pues “fabricar un
amotinamiento en la población de internos es una atrocidad.
En un escenario de 80 custodios, que cubre el
total de los dos turnos de trabajo, 40 por turno y con una población de 2 mil
400 internos, eso significa, 300 internos por casa custodio. No queremos ni
imaginar la tragedia que se pudo orquestar al interior de la cárcel. Afortunadamente
estamos aquí entre ustedes para presentar este punto de acuerdo”, concluyó.
